De acuerdo con el Banco Mundial, la recesión global, exacerbada por la caída en los precios del petróleo, la pandemia del COVID-19 y las medidas de distanciamiento social, resultaron en una contracción económica, así como un incremento de la pobreza en Bolivia (WB, 2020). Si bien el Gobierno implementó medidas económicas para reducir los impactos de la pandemia – relacionadas principalmente con acceso a recursos financieros – fue imprescindible adoptar estrategias complementarias para salvaguardar el empleo generado por las pequeñas y medianas empresas e impulsar la reactivación económica.

Por otro lado, de acuerdo con un análisis de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2020), las mujeres fueron especialmente vulnerables a los impactos económicos de la pandemia ya que el 78% de las mujeres empleadas está concentrado en cuatro de los sectores más afectados por la pandemia: servicios sociales, comercio y hospitalidad, transporte y comunicación; la cuarentena y las medidas de salud pública tuvieron también un efecto adverso en las personas del sector informal donde al menos 36% de las mujeres dependen de su trabajo y su ingreso diario.

Las consecuencias de la pandemia se suman a un sector (empresas lideradas por mujeres) que ya enfrentaba restricciones estructurales para el incremento de su productividad además de mayores condiciones de vulnerabilidad. De acuerdo con información de ONU Mujeres en Bolivia, siete de cada diez mujeres económicamente activas generan ingresos en el mercado informal en condiciones precarias, el 84% de las empresas dirigidas por mujeres son microempresas con menos de 5 empleados y tan solo el 8% de las mujeres empleadas tienen un empleo de calidad. Además, en el sector privado, la remuneración de las mujeres es, en promedio, 30% menos que para los hombres.